Caso López

De Enciclopedia Colchagüina
Caso López
Declaración de López.jpg
Primera página de la declaración policial voluntaria de López, 9 de febrero de 2009
Tribunal Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu
Caso RUC N.° 0900126708-3
RIT N.° 130-2009
Fecha 9 de febrero de 2009 (detención de López)
Sentencia 10 de febrero de 2009
Jueces Rodolfo Arturo Moreno Osses
Palabras clave
estafa

El caso López, también denominado caso Juegos Mecánicos,[1] se refiere al proceso judicial y administrativo llevado en contra del funcionario municipal de la comuna de Pichilemu Claudio López Romero en 2009, investigado por estafa.

López, quien se desempeñaba como encargado de comunicaciones de la Municipalidad de Pichilemu, obtuvo millonarios depósitos bancarios de parte de Rosa Abarca Arce, con el falso objetivo de asegurarle el arriendo del terreno del bosque municipal durante el verano de 2009.

Judicialmente, López fue sentenciado a una pena remitida de 541 días, una multa de cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de su cargo durante la condena. Sin embargo, terminó siendo destituido del municipio "por haber incurrido en una conducta reprochable".

Hechos

El terreno del bosque municipal de Pichilemu que se concede en arriendo durante la temporada veraniega. Foto de 2009.

La contratación del arriendo del terreno del bosque municipal de Pichilemu, donde anualmente se instalan juegos mecánicos de entretención para niños y adultos, fue adjudicada por la temporada de verano de 2008 a Rosa Abarca Arce.[2] Abarca estaba interesada en mantener la concesión para la temporada siguiente.[3] Es así como el administrador de los juegos Felicilandia y sobrino de la adjudicataria, Claudio González Sepúlveda, tomó contacto con el encargado de comunicaciones de la municipalidad de Pichilemu, Claudio López Romero, en febrero de 2008, preguntándole cómo podría reservar el terreno para el verano de 2009.[4]

Días después, López le responde que "en qué condiciones estaba para pagar", a lo que González respondió que su tía "pagaría lo que fuera por quedarse la próxima temporada". Como se había licitado en cuatro millones de pesos, le sugirió un valor de $ 8.000.000, "añadiéndole que le enviara una carta explicando cómo podría funcionar el programa". El funcionario envió una carta a Rosa Abarca señalándole que para ampliar el contrato debía enviar un pago de $ 3.750.000 más dos cheques de $ 400.000, los que fueron depositados por López en su chequera electrónica, salvo uno de los cheques que fue cobrado en efectivo por su hija mayor.[4]

Meses después, en agosto de 2008, y de acuerdo a la declaración de Claudio López, Claudio González se habría comunicado con él para que, mediante su intervención, obtuviera $ 800.000 de su tía aludiendo a los costos de la concesión. Recibió dos cheques abiertos de $ 400.000 cada uno; cobró uno y le entregó $ 200.000 a González; el remanente quedó para López. Dos meses más tarde ambos cobraron en Rancagua tres cheques por los montos de $ 135.000, $ 200.000 y $ 300.000, los que —según López— fueron entregados en su totalidad a González.[4]

En diciembre Claudio González volvió a comunicarse con el encargado de comunicaciones de la Municipalidad de Pichilemu para preguntarle sobre el arriendo, asegurándole este que "sería licitado antes del día de Navidad". El 19 del mismo mes recibió otro llamado de González "donde me pidió una carta para traer los recursos económicos para participar de la licitación del día 23 de diciembre del año recién pasado, por lo que le envié vía fax dicha carta, la cual señalaba que el día 23 de diciembre debía presentarse en el Municipio con el dinero para licitar, cosa que sucedió". López confeccionó cartas a nombre de la inexistente Comisión de Verano 2009, recibos de dineros y acta de modificación de una resolución, todos documentos falsos.[4]

Aunque no hubo una comisión Verano 2009 como tal, sí fue designado como coordinador general del Plan Verano 2009 el funcionario Gerardo Rubio Contreras, por decreto del 23 de diciembre de 2008. López estuvo implicado activamente en el proceso de arriendo del terreno de bosque municipal, enviando un memorándum el 19 de ese mes para que fueran aprobadas las bases administrativas respectivas mediante un decreto, que fue dictado el mismo día.[3]

Finalmente se presentaron tres oferentes, quedando la postulación de Rosa Abarca en tercer lugar, siendo adjudicada a Alejandro H. Pinto Troncoso, quien ofreció $ 5.500.000.[3][4]

Caso

Instrucción del sumario y denuncia a la Fiscalía

Tras la adjudicación, Abarca se comunicó telefónicamente con el alcalde (S) Roberto Córdova Carreño reclamando contra la licitación pues "estaba convencida que los documentos que le habían solicitado desde la municipalidad a través de la comisión Verano 2009 eran para asegurarle una ampliación del contrato de la temporada anterior por la del verano 2009". El 27 de diciembre de 2008 entregó al director de la Unidad de Control un sobre con fotocopias de cartas de la supuesta Comisión Verano 2009 y de los cheques entregados para asegurar la ampliación del arriendo.[3]

El 2 de enero de 2009, el alcalde (S) instruyó sumario administrativo en contra de López para "aclarar los hechos denunciados y determinar responsabilidades funcionarias". Justo antes, el 30 de diciembre, Córdova había autorizado a López a hacer uso de quince días de feriado legal desde el 2 de enero. Al concluir el 22 de ese mes, entregó licencia médica por otros quince días desde el 19 de enero.[3]

Además de solicitar la instrucción del sumario, el director de Control denunció los hechos ante la Fiscalía Local en enero de 2009. El fiscal Jorge Mena Ocares señaló a mediados de mes que estaba a la espera de los resultados de la orden de investigar que remitió a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.[5]

Reacciones públicas

Recorte de El Expreso de la Costa en que figura López negando su participación en el delito que se le imputaba.

En su edición de enero de 2009, el periódico local El Expreso de la Costa se refiere al caso en forma extensa, titulando en su portada "Fiscalía prepara nuevo golpe a la corrupción", agregando que "Claudio López, jefe de prensa del municipio, habría recibido supuestamente 4 millones de pesos por asegurar concesión de terreno", negando "tales acusaciones y dice que lo involucraron".[6] El medio escribe que "si alguien pensó que el mentado caso Boletas era el último eslabón de una cadena de hechos de corrupción vinculados al municipio local y que ha golpeado una y otra vez a nuestra comuna en los últimos años, estaba muy equivocado".[5]

El alcalde (S) Roberto Córdova señaló al periódico que la municipalidad entregó los antecedentes a la Fiscalía, en paralelo a la instrucción del sumario, agregando que "condenamos abiertamente este tipo de hechos de corrupción que nada bien le hacen a la municipalidad y a la comuna, y que nos ha venido afectando en los últimos años".[5]

Claudio López también habló en El Expreso de la Costa desligándose de todas las imputaciones formuladas en su contra, señalando que nunca integró ninguna comisión, aunque reconoció haber recibido un cheque de parte de un sobrino de Rosa Abarca. Se manifestó "muy afectado y dañado porque un amigo se aprovechó de este hecho, la investigación aclarará espero todo esto [...] esto me tiene muy mal y la comunidad ya se enterará de la verdad de los hechos".[5]

¿Niegas haber recibido algún pago como se dice?
— Dentro de mis funciones no esta el dar lugar a ese tipo de peticiones, no fui y no soy parte de comisión alguna para aprobar o no una concesión, entonces como iba a estar recibiendo esos pagos que se dice.

Pero se dice que hay cheques girados a tu nombre.
— Sí, recibí un cheque pero fue a través de un sobrino de ella. Este sobrino del cuál además éramos amigos, le pedía plata a ella supuestamente para «cancelarle a Don Claudio aya en Pichilemu y así tener seguridad en contar con el terreno» [sic], pero nunca por encargo mío. Aquí un amigo de años simplemente se aprovechó de esta amistad y me ha involucrado en esto que espero se aclare.

¿No recibiste pago alguno entonces para lo que se ha dicho?
— No para nada.

Pero habrían cheques girados a tu nombre y cobrados.
— Reitero, lo que pasa es que yo le cambié una vez un cheque a este amigo que venía a mi nombre, pero era para que el enfrentara los gastos de los juegos. Me siento muy afectado y dañado porque un amigo se aprovechó de este hecho, la investigación aclarará espero todo esto y colaboraré con la investigación hasta donde sea necesario, esto me tiene muy mal y la comunidad ya se enterará de la verdad de los hechos.

Claudio López en entrevista con El Expreso de la Costa, enero de 2009[5]

Detención de López y declaración voluntaria

El 9 de febrero de 2009, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Rancagua detuvo a Claudio López Romero como consecuencia de la investigación iniciada por la Fiscalía de Pichilemu por el delito de estafa.[7] Prestó declaración voluntaria aquella misma tarde y en ella describió los hechos en que estuvo involucrado y reconoció su participación.[4]

"[...] quiero mencionar que reconozco que ideé la ampliación del contrato por el arriendo del Bosque Municipal para los juegos de entretenciones mecánicas de propiedad de la señora Rosa ABARCA ARCE, solicitándole dinero por anticipado a nombre de la comisión de verano, de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, dineros que me fueron enviados y entregados con documentos bancarios, los cuales cobré por caja y deposité en mi cuenta de la chequera electrónica del BancoEstado, sumando un total de $ 5.150.000, dinero que utilicé debido a que estaba pasando por problemas económicos, pero mi intención es devolverlo en su totalidad. Es todo cuanto puedo señalar".

Claudio López en su declaración policial voluntaria, 9 de febrero de 2009[4]

El fiscal Jorge Mena señaló a la prensa que López "confesó su participación en este delito ante las pruebas que existieron en su contra, las que fueron evidentes".[1]

Juicio abreviado y condena

Claudio López junto al defensor público Jorge Araneda durante el juicio abreviado, 10 de febrero de 2009

El 10 de febrero de 2009, el juez titular del Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, Rodolfo Arturo Moreno Osses, revisó la causa llevada en contra de Claudio Enrique López Romero, tan solo un día después de su declaración voluntaria en que se confesó como estafador.[1]

Debido a su confesión, se llevó a cabo un juicio abreviado que fue aceptado por el imputado. En una extensa audiencia, López reiteró su reconocimiento del delito, señalando: "Reconozco de lo que se me acusa, lo hice en un mal momento y no volverá a ocurrir nunca más, señor magistrado". Moreno le preguntó si estaba seguro de lo que decía, a lo que López respondió afirmativamente. El juez le contrapreguntó si había sido forzado a decir aquello y si lo hacía voluntariamente, asintiendo a ambas cuestiones.[1]

El juez Moreno condenó a López a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 5 unidades tributarias mensuales (UTM) y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. "La pena privativa de libertad deberá cumplirla bajo el sistema de remisión condicional de la pena", señaló el magistrado a través de un ordinario dirigido a la municipalidad.[8]

Jorge Araneda Chacón, defensor penal público de Pichilemu y representante de López en la audiencia, declaró a la prensa estar "conforme con la condena de su defendido ya que este estaba totalmente consciente de que había cometido una grave falta, y que además habría cooperado intensamente en la investigación".[9]

Conclusión del sumario y destitución

El alcalde suplente Roberto Córdova solicitó el 12 de febrero de 2009 la elaboración de un decreto que diera término al nombramiento a contrata de López "por pérdida de requisitos para permanecer en calidad de funcionario, producto de la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, por causa seguida por el delito de estafa en contra del Sr. López, ya que se encuentra ejecutoriada". Realizadas las consultas a la Contraloría Regional, se dictó un decreto de suspensión del cargo de López Romero por sentencia judicial mientras durara la condena.[10]

El sumario administrativo instruido en enero, sin embargo, continuó en marcha y el 17 de febrero el director de la Unidad de Control ratificó su denuncia. López Romero no concurrió a prestar declaración a pesar de ser citado. El fiscal del sumario, Jaime García, expresó en su vista fiscal de sumario administrativo, de fecha 1 de junio de 2009, que "no obstante, a falta de estos antecedentes, ello no puede significar la paralización del proceso sumarial iniciado antes del cese de funciones".[3]

A juicio de García, "la actuación del Sr. López vulnera el principio de probidad administrativa que obliga a observar una conducta funcionaria intachable en el cumplimiento de las labores funcionarias, valiéndose de su condición de funcionario para dar credibilidad a sus actos ilegales. El hecho que haya terminado su situación contractual con el servicio por razones judiciales, no obsta a que la municipalidad haga efectiva su responsabilidad administrativa, ni tampoco ser un medio para eludir la aplicación de sanciones conforme al régimen estatutario que lo regía antes de perder su calidad como tal".[3] Por ello, sugiere al alcalde Marcelo Cabrera Martínez la aplicación de la sanción disciplinaria contemplada en el artículo 120, letra d), en relación a lo señalado en el artículo 123, letra c), de la Ley N.° 18.883 de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, "por haber incurrido en una conducta reprochable (estafa) de carácter grave, susceptible de castigarse con la medida disciplinaria de destitución, por su partiicpación en un hecho que reviste el carácter de delito".[3]

Así las cosas, el alcalde Cabrera dictó el 30 de junio de 2009 el Decreto Exento N.° 01664, disponiendo la destitución del exfuncionario Claudio López Romero, a contar de la misma fecha.[11]

Referencias

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 El Expreso de la Costa, 15 de febrero de 2009, p. 5
  2. Decreto Exento N.° 041 de fecha 9 de enero de 2008, Municipalidad de Pichilemu
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Vista fiscal de sumario administrativo según Decreto Exento N.° 09/09, 1 de junio de 2009, Jaime García Ramírez, Fiscalía I. Municipalidad
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Declaración policial voluntaria de Claudio Enrique López Romero, en Rancagua, a nueve días del mes de febrero del año dos mil nueve, en dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Rancagua
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 El Expreso de la Costa, 15 de enero de 2009, p. 3
  6. El Expreso de la Costa, enero de 2009, p. 1
  7. "CLAUDIO LÓPEZ, EX JEFE DE COMUNICACIONES DEL EX ALCALDE VARGAS, DETENIDO POR PERSONAL DE LA BRIDEC", pichilemunews, 10 de febrero de 2009
  8. Ord. N.° 175-G, del juez titular Rodolfo Moreno Osses, informa sentencia, Pichilemu, 11 de febrero de 2009
  9. El Rancagüino, 11 de febrero de 2009, p. 10
  10. Memorándum N.° 095/2009 del 12 de febrero de 2009, y Decreto Exento N.° 493, de misma fecha, del alcalde suplente Roberto Córdova
  11. Decreto Exento N.° 1664, del 30 de junio de 2009, alcalde Marcelo Cabrera Martínez